Institutos públicos de Ayacucho: sin luchas no hay victorias
Por qué 10 de los 16 tecnológicos públicos de Ayacucho no tienen licencia: cifras oficiales, normas vigentes, responsables y una agenda estudiantil.
- El problema. En Ayacucho, 10 de los 16 institutos tecnológicos públicos del sector Educación no tienen licencia para funcionar con condiciones básicas de calidad. En cambio, todas las escuelas pedagógicas públicas de la región sí la tienen.
- Lo que sostengo. La diferencia no se explica solo por falta de dinero. La ley exige a todos los institutos las mismas condiciones de calidad, pero solo garantiza recursos para infraestructura y equipamiento a las escuelas pedagógicas. Además, la reforma se aprobó sin presupuesto adicional, y el Gobierno Regional, que administra los institutos, les destina el 1,8 % de su presupuesto.
- La propuesta. Una coordinadora de estudiantes de institutos públicos de Ayacucho que convierta las demandas sueltas en pedidos con fundamento, destinatario, plazo e indicador.
Este texto parte de un pronunciamiento de estudiantes de institutos de Ayacucho que circula con una consigna sencilla, sin luchas no hay victorias. El pronunciamiento denuncia institutos sin laboratorios, sin equipos y sin locales adecuados, y llama a la unidad. Aquí intento darle a esa denuncia el respaldo que merece: cifras oficiales, normas vigentes y una explicación de por qué ocurre lo que ocurre.
En el camino separo tres tipos de afirmaciones. Cuando escribo «los datos muestran», remito a una fuente que cualquiera puede consultar. Cuando escribo «observé», hablo de lo que vi en visitas a algunos institutos, sin pretender que valga para todos. Cuando escribo «sostengo», es mi interpretación, y la someto a las objeciones que me parecen más serias. El análisis se ocupa de los institutos y escuelas públicos de educación superior de Ayacucho; la universidad y la educación básica aparecen solo como contexto. Todas las cifras se consultaron el 24 de octubre de 2026.
La desigualdad empieza antes del instituto
Para muchos jóvenes de Ayacucho, el instituto público es la opción realista de educación superior: no cobra pensión, dura tres años y suele estar en la capital de la provincia. Esa función se entiende mejor mirando quiénes llegan a la educación superior y quiénes no.
Los datos muestran que el acceso es estrecho y desigual. Entre 2014 y 2018, en promedio, solo tres de cada diez jóvenes de 15 a 19 años que aprobaron el quinto de secundaria pasaron a la educación superior al año siguiente. En el 20 % de hogares con menor gasto por persona lo hizo el 21,8 %; en el 20 % con mayor gasto, el 52,7 %. En Ayacucho la tasa fue de 19,9 %, una de las más bajas del país (Ministerio de Educación, 2020, pp. 26-27). La cifra mide la transición inmediata, es decir, quién entra al año siguiente de terminar el colegio; no cuenta a quienes entran más tarde.
La desigualdad también viene del colegio. En la prueba PISA de 2022, que evalúa a estudiantes de quince años, solo el 33,8 % de los peruanos alcanzó al menos el nivel 2 en Matemática, el 47,4 % en Ciencia y el 49,6 % en Lectura (Ministerio de Educación, 2024, p. 46). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define el nivel 2 como la línea de base desde la cual un estudiante empieza a mostrar las competencias necesarias para participar en la vida como estudiante, trabajador y ciudadano (Ministerio de Educación, 2024, p. 45). Esa cifra describe a una muestra nacional de estudiantes de quince años, no a los ingresantes de un instituto concreto. Sirve para algo más modesto: recordar que los institutos reciben a jóvenes de un sistema escolar con déficits conocidos y que nivelarlos exige recursos.
¿Qué ofrece el Estado a esos jóvenes? Para el semestre 2025-I, 343 institutos tecnológicos públicos en proceso de admisión ofrecieron 48 196 vacantes gratuitas en todo el país (Ministerio de Educación, 2025b). Aun así, el sector privado concentra la matrícula: según el Censo Educativo 2025, de cada cuatro estudiantes de educación superior tecnológica, casi tres están en un instituto privado (385 626 frente a 138 211), y en Ayacucho la proporción es la misma, 9 390 frente a 3 341 (Ministerio de Educación, 2025a).
La región no es una excepción. La expansión de la educación superior latinoamericana en lo que va del siglo se apoyó en buena parte en instituciones privadas, llevó a ellas a estudiantes de menores ingresos y produjo una calidad muy desigual entre instituciones (Ferreyra et al., 2017). Para los programas técnicos cortos, como los de un instituto, la evidencia regional indica que suelen mejorar los ingresos de sus egresados frente a quienes solo terminaron la secundaria, aunque esos resultados varían mucho de un programa a otro (Ferreyra et al., 2021). En el Perú, además, el subempleo de los egresados de educación superior es un problema persistente, como documentan Yamada y Lavado (2017). La calidad del instituto, entonces, no es un detalle: decide si el título abre una puerta o no.
Los institutos públicos de Ayacucho, uno por uno
Ayacucho tiene 16 institutos tecnológicos públicos del sector Educación, uno o más en cada una de sus once provincias, además de la escuela técnica de la Policía Nacional en Huamanga. Tiene también cinco escuelas pedagógicas públicas y dos escuelas de formación artística públicas (Ministerio de Educación, 2025a). La Tabla 1 muestra los tecnológicos, con su matrícula y si tienen licencia.
| Instituto | Provincia | Matrícula | Licencia |
|---|---|---|---|
| Víctor Álvarez Huapaya | Huamanga | 545 | Sí |
| Manuel Antonio Hierro Pozo | Huamanga | 430 | Sí |
| Huanta | Huanta | 384 | Sí |
| José María Arguedas | Lucanas (Puquio) | 358 | No |
| César Augusto Guardia Mayorga | Parinacochas (Coracora) | 352 | No |
| Perú Corea del Sur | Víctor Fajardo (Huancapi) | 146 | Sí |
| San Miguel | La Mar | 145 | No |
| Federico Gonzales Cabezudo | Huanca Sancos | 137 | No |
| Virgen del Rosario | Lucanas (Laramate) | 119 | No |
| Aucará | Lucanas | 110 | Sí |
| Chipao | Lucanas | 89 | No |
| Paucar del Sara Sara | Paucar del Sara Sara (Pausa) | 79 | Sí |
| Santo Domingo de Guzmán | Sucre (Querobamba) | 71 | No |
| San Juan | Vilcas Huamán | 71 | No |
| Los Morochucos | Cangallo | 62 | No |
| Hatun Soras | Sucre (Soras) | 51 | No |
| Total | 3 149 | 6 de 16 |
Los datos muestran tres rasgos. El primero es la escala: diez de los dieciséis tienen menos de 150 estudiantes, y entre todos suman 349 docentes, unos nueve estudiantes por docente. El segundo es la brecha de licencia: 6 de 16 tecnológicos públicos tienen licencia, mientras que las cinco escuelas pedagógicas públicas ya la obtuvieron. Ayacucho fue la primera región del país en licenciar a todas sus escuelas pedagógicas públicas, con la de Puquio en mayo de 2026 (Ministerio de Educación, 2026b). El tercero es que el tamaño no lo explica todo: Paucar del Sara Sara, con 79 estudiantes, tiene licencia, y José María Arguedas, con 358, no.
En el país, el panorama es parecido. Hasta junio de 2026 el Ministerio de Educación había licenciado 246 institutos desde 2018, y solo 51 eran públicos (Ministerio de Educación, 2026a). El licenciamiento es el procedimiento que verifica que un instituto cumple condiciones básicas de calidad para funcionar, entre ellas una infraestructura y un equipamiento adecuados (Ley N.° 30512, 2016, arts. 24-25).
Lo que observé, y sus límites
En visitas recientes a institutos del sur de Ayacucho observé locales de adobe con techos que dejan pasar el agua, una carrera de Enfermería Técnica con un solo microscopio para todos sus estudiantes y domos de emergencia guardados en un almacén, a la espera de que alguien los arme. Según lo que pude conocer en esas visitas, varios ya tienen expediente técnico para su nuevo local y esperan financiamiento. Son observaciones de unos pocos institutos, no una muestra: no permiten afirmar que todos estén igual, y el estado de cada proyecto debe comprobarse en el banco de inversiones del Estado. Ese es justamente uno de los primeros trabajos que propongo más adelante.
Presupuesto: cuánto llega y a dónde
Para hablar de dinero con precisión hay que distinguir tres medidas. El gasto por estudiante compara cuánto invierte un país en cada estudiante, en relación con su ingreso por habitante. El presupuesto institucional modificado (PIM) es lo que se asigna en el año, después de los cambios. El devengado es lo que efectivamente se gastó. Y dentro del gasto conviene separar el de funcionamiento (sueldos, servicios, materiales) del de inversión (obras y equipos nuevos).
Poco en comparación con los vecinos. En 2017, último año con dato para el Perú, el gasto público por estudiante de educación terciaria fue el 10,9 % del producto bruto interno (PBI) por habitante, frente a 20,3 % en Chile y 20,4 % en Colombia (Banco Mundial, 2026). Por cada estudiante de educación superior, el Estado peruano invertía, en proporción a su economía, algo más de la mitad que sus vecinos.
Mejor repartido que antes, pero todavía desigual. La Tabla 2 muestra cómo se distribuye el presupuesto público de la educación superior y técnico-productiva.
| Año y medida | Universidad | Institutos | CETPRO |
|---|---|---|---|
| 2019, asignado (PIM) | 73,4 % | 20,4 % | 6,2 % |
| 2025, asignado (PIM) | 69,0 % | 25,5 % | 5,5 % |
| 2025, gastado (devengado) | 68,2 % | 25,9 % | 5,9 % |
Los datos muestran una mejora que conviene reconocer. Lo asignado a institutos y escuelas pasó de S/ 1 119 millones en 2019 a S/ 2 045 millones en 2025, y su participación subió de una quinta a una cuarta parte (Ministerio de Economía y Finanzas, 2026). La universidad, con todo, sigue recibiendo casi tres veces más. Hay un límite importante: el sistema de presupuesto no permite separar lo que va a tecnológicos, a pedagógicos y a escuelas artísticas, ni seguir por región el gasto en infraestructura. La propia política nacional lo reconoce (Ministerio de Educación, 2020, p. 120).
En Ayacucho. En 2025, el Gobierno Regional de Ayacucho tuvo S/ 49,9 millones para educación superior no universitaria y gastó S/ 49,5 millones, el 99 %. Ese monto equivale al 1,8 % de su presupuesto total, de S/ 2 788 millones, y es más del doble de los S/ 24 millones de 2019 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2026). Casi todo lo que el Estado gasta en institutos dentro de la región pasa por el Gobierno Regional. Si se divide ese monto entre los cerca de 6 000 estudiantes de los tecnológicos, pedagógicos y artísticos públicos, salen unos S/ 8 350 por estudiante al año. Es un cálculo aproximado: incluye las remuneraciones de docentes y personal, y no solo laboratorios u obras.
Lo que dice la ley y quién responde
Una cronología breve
La Tabla 3 resume las normas que importan para este análisis y su situación a octubre de 2026.
| Norma | Qué importa hoy |
|---|---|
| Decreto Legislativo N.° 882 (1996) | Permitió la educación privada con fines de lucro; derogado en 2016 para institutos y escuelas |
| Ley N.° 27867 (2002), Orgánica de Gobiernos Regionales | El gobierno regional gestiona la educación superior no universitaria y su infraestructura |
| Ley N.° 30512 (2016), de Institutos y Escuelas | Licenciamiento, bienestar estudiantil, 10 % del canon; reforma sin recursos adicionales |
| Decreto Supremo N.° 010-2017-MINEDU (2017) | Reglamento de la Ley 30512 |
| Decreto de Urgencia N.° 017-2020 (2020) | Modifica el licenciamiento y permite formas societarias a los institutos privados |
| Ley N.° 31653 (2022) | Permite que las escuelas pedagógicas y tecnológicas públicas sean unidades ejecutoras |
El Decreto Legislativo 882 reconoció el derecho a conducir instituciones educativas «con o sin finalidad lucrativa» y les extendió las garantías de la inversión privada (Decreto Legislativo N.° 882, 1996, arts. 2 y 7). La Ley 30512 lo derogó en 2016 para institutos y escuelas (Ley N.° 30512, 2016, décima tercera disposición complementaria final), pero la gestión privada con fines de lucro sigue permitida bajo las formas del derecho común o societario (Decreto de Urgencia N.° 017-2020, 2020, que modifica el art. 9 de la Ley 30512). Sostengo que ese decreto abrió la puerta al crecimiento privado, pero no basta para explicar la precariedad de lo público: que lo privado creciera no obligaba a que lo público se quedara atrás. Esa segunda parte se explica por cómo se financian los institutos públicos, que es lo que sigue.
Obligación, insuficiencia y vacío
La Ley 30512 trata de manera distinta a dos tipos de instituciones públicas, y conviene separar tres situaciones.
Donde hay una obligación expresa. La ley obliga al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales a considerar en sus presupuestos, «bajo responsabilidad», los recursos para la infraestructura, el mobiliario y el equipamiento de las escuelas de educación superior pedagógica públicas (Ley N.° 30512, 2016, arts. 61 y 63). También manda que cada gobierno regional entregue el 10 % del canon que recibe a los institutos y escuelas de su circunscripción, solo para invertir en investigación científica y tecnológica y en su infraestructura (Ley N.° 30512, 2016, tercera disposición complementaria modificatoria). Si estas obligaciones no se cumplen, hay un incumplimiento que se puede exigir.
Donde la obligación es general y el dinero no está asegurado. Para los institutos tecnológicos públicos, la ley dice que el gobierno regional provee el servicio y los gestiona (Ley N.° 30512, 2016, art. 57), y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales le encarga diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento (Ley N.° 27867, 2002, art. 47, inc. m). Pero no existe una cláusula equivalente a la de las escuelas pedagógicas. El reglamento, incluso, sujeta la investigación de los institutos públicos «a la disponibilidad presupuestal» (Decreto Supremo N.° 010-2017-MINEDU, 2017, art. 49.2). Aquí el problema no es un incumplimiento, sino una garantía insuficiente: hay a quién exigir, pero no hay un piso de recursos.
Donde no hay norma. La ley exige a cada instituto público una unidad de bienestar y empleabilidad, con orientación profesional, tutoría y consejería, y un comité de defensa del estudiante para casos de acoso o discriminación (Ley N.° 30512, 2016, art. 29, inc. f). No menciona un área de psicología. Pedirla es legítimo, pero es una propuesta de política, no el cumplimiento de una obligación.
A esto se suma la cláusula de financiamiento. La misma ley dispuso que, después de 2016, su aplicación se financiara con el presupuesto de los institutos y del Ministerio de Educación, «sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público» (Ley N.° 30512, 2016, décima cuarta disposición complementaria transitoria). Se exigieron nuevas condiciones de calidad y se dispuso que se pagaran con lo que ya había.
Quién decide, quién paga, quién ejecuta
- El Gobierno Regional de Ayacucho, por medio de su Dirección Regional de Educación, gestiona los institutos públicos, administra su presupuesto y decide qué obras y equipos se financian. Mientras no funcione el organismo nacional previsto por la ley para gestionar los tecnológicos (Educatec), los gobiernos regionales siguen a cargo (Ley N.° 30512, 2016, séptima disposición complementaria transitoria).
- El Ministerio de Educación dicta la política, otorga o niega la licencia y puede transferir recursos.
- El Congreso puede modificar la ley, por ejemplo para extender la garantía del artículo 61 a los tecnológicos, y sus representantes pueden fiscalizar y pedir información. No ejecutan el presupuesto regional.
- Las municipalidades no tienen a su cargo los institutos, pero pueden apoyar con transporte o locales mediante convenios.
Por qué ocurre: una lectura de economía política
José Carlos Mariátegui escribió que «el problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido en nuestro tiempo, si no es considerado un problema económico y como un problema social» (Mariátegui, 1928/2007, p. 129). Leído así, la pregunta no es solo cuánto dinero falta, sino por qué el sistema produce esa falta. Propongo el siguiente mecanismo, que es una interpretación apoyada en los datos anteriores:
- La ley fija condiciones de calidad iguales para todos los institutos y condiciona su funcionamiento a la licencia.
- El costo de cumplirlas recae en el gobierno regional, que gestiona los institutos.
- Para los tecnológicos no hay un piso legal de recursos, y la reforma se aprobó sin presupuesto adicional.
- El gobierno regional reparte un presupuesto limitado entre salud, carreteras, colegios y muchas otras demandas. Los institutos son pequeños, están dispersos en provincias y tienen poca voz organizada: reciben el 1,8 %.
- El instituto que no reúne las condiciones no obtiene la licencia, y el joven que no puede pagar un privado se queda con menos opciones.
La comparación con las escuelas pedagógicas apoya este mecanismo. Están en la misma región, dependen del mismo gobierno regional y tienen la garantía del artículo 61: todas están licenciadas. No es una prueba de causalidad, porque las escuelas pedagógicas también difieren en tamaño y en historia, pero es un contraste difícil de ignorar.
Sostengo, además, que aprobar normas sin presupuesto responde a un incentivo político. Quien aprueba una reforma gana el reconocimiento de inmediato, mientras que el costo de cumplirla se traslada a otras entidades y a otros años. Pierre Bourdieu describió el neoliberalismo como una política que, en nombre de la eficiencia del mercado, restringe el gasto público y funciona como «un programa de destrucción metódica de los colectivos» (Bourdieu, 1998, p. 3, traducción propia). No hace falta suponer una intención deliberada para ver el efecto: un sistema que deja que cada instituto resuelva solo sus carencias debilita justamente lo que podría corregirlas, la acción conjunta de quienes estudian y enseñan en ellos.
Otras explicaciones que conviene considerar
La capacidad de ejecución. Se dice a menudo que el problema no es la falta de dinero, sino que no se gasta. En el grupo de educación superior no universitaria, el Gobierno Regional ejecutó el 99 % de lo asignado en 2025, de modo que ahí la ejecución no es el cuello de botella. Queda abierta la ejecución de las obras, que se registran aparte y que esta revisión no pudo seguir.
La dispersión territorial. Dieciséis institutos para 3 149 estudiantes es una red cara de mantener, y alguien podría proponer concentrarlos. Pero esa cercanía es justamente lo que permite estudiar a quien no puede mudarse a Huamanga, en una región donde solo uno de cada cinco egresados de secundaria pasa de inmediato a la educación superior. La discusión de fondo es cómo financiar una red dispersa, no si debe existir.
La gestión de cada instituto. La diferencia entre Paucar del Sara Sara, licenciado con 79 estudiantes, y otros más grandes sin licencia sugiere que la gestión importa. Eso no contradice el argumento: la gestión puede aprovechar mejor los recursos, pero no reemplaza la falta de un piso de financiamiento.
Organizarse para exigir
Si el problema es que cada instituto enfrenta solo una carencia que es común, la respuesta lógica es actuar en conjunto. El pronunciamiento propone una Coordinadora de estudiantes de institutos de Ayacucho. Todavía es una propuesta, no una organización constituida. Para que funcione, sugiero empezar así:
- Representación plural. Un delegado por cada consejo estudiantil de los 16 tecnológicos, las 5 escuelas pedagógicas y las 2 escuelas artísticas públicas, para que estén las once provincias. Las decisiones, por mayoría de delegados y con actas públicas.
- Independencia. Es una iniciativa ciudadana de estudiantes, sin respaldo partidario ni institucional.
- Primer paso, en 30 días. Un diagnóstico común con la misma ficha en cada instituto (equipos, locales, conectividad, bienestar), y solicitudes de acceso a la información pública al Gobierno Regional sobre los proyectos de inversión de cada instituto y sobre el 10 % del canon. La entidad debe responder en un plazo de diez días hábiles (Decreto Supremo N.° 021-2019-JUS, 2019, art. 11, inc. b).
- Segundo paso, en 60 días. Con el diagnóstico y las respuestas, un pliego regional único y el pedido de una audiencia pública con el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación.
- Seguimiento. Un registro público de cada demanda, con lo pedido, la respuesta y el avance.
Para ordenar las prioridades, propongo cuatro criterios: la seguridad de los estudiantes (un techo que se cae va primero), el número de estudiantes afectados, el efecto sobre la licencia del instituto y el costo.
Agenda regional de demandas
La Tabla 4 convierte el pliego del pronunciamiento en una matriz de seguimiento. Distingue las demandas inmediatas, que se resuelven con presupuesto, de las estructurales, que requieren cambiar una norma. Todas están hoy en estado pendiente: documentarlas es la primera tarea de la coordinadora.
| Demanda y acción solicitada | Fundamento | Responsable e indicador |
|---|---|---|
| Laboratorios, equipos y maquinaria de las carreras, como Enfermería Técnica y las agropecuarias (inmediata). Inventario por instituto y pedido presupuestal para 2027 | Condiciones básicas de calidad (Ley 30512, arts. 24-25); gestión regional (art. 57; Ley 27867, art. 47 m) | GR y DREA, con apoyo del Minedu. Equipos operativos por carrera |
| Locales nuevos o rehabilitados (inmediata). Lista de proyectos con código, costo y avance | Ley 27867, art. 47 m; Ley 30512, art. 57 | GR. Avance físico y financiero de cada obra |
| Licencia para los 10 tecnológicos públicos que no la tienen (inmediata). Plan con brechas y costo por instituto | Ley 30512, arts. 24-25 | GR y Minedu. Institutos licenciados |
| Bibliotecas, salas de cómputo e internet en todo el local (inmediata) | Condiciones básicas de calidad (Ley 30512, arts. 24-25) | GR. Conexión operativa en cada instituto |
| Unidad de bienestar con consejería y comité de defensa; atención de salud mental (inmediata) | Ley 30512, art. 29 f; el área de psicología es una propuesta, no una obligación | Dirección del instituto y GR. Unidad funcionando con personal |
| Comedor, residencia y movilidad (inmediata) | Propuesta de política; acceso equitativo como objetivo de la política nacional | GR y municipalidades. Convenios firmados y estudiantes atendidos |
| Personal de vigilancia (inmediata) | Gasto de funcionamiento del presupuesto regional | GR. Plazas cubiertas |
| El 10 % del canon para investigación en institutos (estructural) | Ley 30512, tercera disposición complementaria modificatoria | GR. Montos transferidos por año |
| Garantía de recursos del art. 61 también para los tecnológicos públicos (estructural) | Reforma legal: hoy solo rige para las escuelas pedagógicas | Congreso. Proyecto de ley presentado y debatido |
Conclusiones
Los datos permiten afirmar tres cosas. El Estado peruano invierte por estudiante de educación superior algo más de la mitad que Chile o Colombia. Los institutos reciben hoy una cuarta parte del presupuesto público de la educación superior, más que en 2019, pero mucho menos que la universidad. Y en Ayacucho, 10 de los 16 tecnológicos públicos no tienen licencia, mientras que todas las escuelas pedagógicas públicas sí.
La explicación que propongo, y que dejo abierta a discusión, es que la ley exige a los tecnológicos la misma calidad que a las escuelas pedagógicas sin garantizarles los mismos recursos, y que la reforma se aprobó sin presupuesto adicional. Esa brecha entre lo que se exige y lo que se financia la paga quien no puede elegir un instituto privado.
La coordinadora es todavía una propuesta. Su primer paso es concreto: reunir a los delegados, levantar un diagnóstico común y pedir información pública. Con ese diagnóstico en la mano, las demandas dejan de ser un reclamo disperso y se vuelven un pliego con fundamento, responsable y plazo.
¡Por la unidad de los estudiantes de institutos de la región de Ayacucho! ¡Sin luchas no hay victorias!
Referencias
Cómo citar
Achalma, E. (2026, 24 de octubre). Institutos públicos de Ayacucho: sin luchas no hay victorias. Dialéctica y Mercado. https://dialectica-y-mercado.netlify.app/blog/unidad-estudiantes-institutos-ayacucho/